El actor mexicano podría ser condenado a pasar entre nueve y 15 años de prisión en Florida, los cuales empezaron a contar desde ayer, por homicidio involuntario.
El actor Pablo Lyle se queda inmóvil, no gesticula. Acaba de escuchar las palabras de la jueza Marisa Tinkler Mendez, de la Corte Criminal de Miami-Dade, que lo ha encontrado culpable de homicidio imprudencial.
Son palabras fuertes y los familiares de Juan Ricardo Hernández, que se abrazan y lloran, lo saben; él es el cubano de 63 años que el 31 de marzo de 2019 recibió un puñetazo del mexicano en las calles de Miami, perdiendo la vida cuatro días después por un derrame cerebral.
El actor mexicano ahora debe procesar que es culpable de algo que negó. Su defensa alegó que el video que circuló en el que se vio la agresión muestra que sólo quiso defender a su familia de un potencial atacante.
No hay vuelta atrás, el juicio acabó. El actor sinaloense debe procesar lo que sucederá en su vida a partir de ahora.
El abogado Carlos Pelayo Gonzáles, con 22 años de trayectoria en Florida, tres de ellos como fiscal, hace cuentas: el mexicano podría pasar de nueve a 15 años en prisión, mismos que comenzarán a contar desde ayer.
“En Florida tenemos algo que se llama ‘la pauta de sentencia’, es algo que se determinará en una audiencia. Esta te dice cuál es lo mínimo y lo máximo que te toca. Si le dan mucho y los abogados defensores no estuvieran de acuerdo, pueden apelar para que le den lo mínimo (nueve años)”, dice el especialista.
Lyle entrará a un nuevo proceso, el de la audiencia, para determinar cuánto pasará en prisión, y una posible apelación, que podría durar hasta dos años. Tiempo que el actor pasaría en la cárcel, toda vez que la jueza determinó que no gozaría del derecho a fianza.
“Acá en Estados Unidos, cuando uno pierde un juicio, puede que el juez tome la decisión de darte una fianza mientras la apelación se cumpla, porque este puede tomar un año o dos. Muchos jueces dan esa oportunidad, pero ella se lo ha negado”.
Las opciones de Lyle suenan ya distantes. Una es que el actor espere una sentencia de nueve años y que esta sea reducida 15% por buena conducta.
Otra, prácticamente inverosímil, es que el gobierno mexicano, a través del consulado, considere que se han dañado las garantías de su ciudadano y lleve el tema al orden federal.
Pablo enfrentará además el temor de un juicio civil, que se ve afectado por esta resolución.
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